Pese a las controversias que involucran al presidente Pedro Castillo, miembros de su entorno congresal –lejos de rechazar las acciones del mandatario– han decidido seguirle los pasos y también le han sacado provecho al Estado: tienen a sus familiares con contratos y órdenes de servicio en diferentes entidades a nivel nacional.
Estamos hablando no de uno o dos, sino de una lista de diez congresistas que pertenecen al Bloque Magisterial, Perú Libre y otros oficialistas, que al menos tienen un familiar que ha ganado en 2022 alguna orden de servicio que, en total, suman varios miles de soles.
El bloque Fenatep
Siete de estos cuestionables legisladores pertenecen al Bloque Magisterial, integrado por aquellos que decidieron abandonar la bancada oficialista tras los desacuerdos –en diversas votaciones– con Perú Libre.
El parlamentario Alex Paredes tiene como beneficiado a su hijo Manuel, quien en este año ganó una orden de servicios por S/12,000 girada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. El año pasado también le fueron girados S/10,000 por los mismos servicios de consultorías.
Edgar Tello, exdirigente del Conare, tiene a su esposa Sonia Suarez en el OEFA. Esta institución le giró el monto de S/9,000 cuando su profesión y trabajo actual es de profesora en la institución educativa Mi Dulce Hogar.
También está el hermano del ‘padre de la patria’ Segundo Quiroz: Nolberto Quiroz, quien recibió del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo una orden de servicio por más de S/10,000 a finales de 2021. Consultado por Perú21, el congresista respondió: “Desconozco sobre lo comentado”.
De este grupo de parlamentarios, el caso que más llama la atención es el de Paul Gutiérrez, quien registra tres familiares beneficiados. Su esposa, Aurelia Saavedra Anampa, solo en 2022 tiene cuatro órdenes de servicio en el programa Educación Básica para Todos por S/84,000 y dos procesos extras en el Programa Nacional de Infraestructura por S/36,000. El cuñado de Gutiérrez ganó más de S/7,000 en la municipalidad de Lurín, y su hermano Saul Gutiérrez Ticona S/34,000 en el programa de Educación Básica para Todos.
El lápiz no se queda atrás
En la bancada oficialista PL, se destaca el caso de Waldemar Cerrón Rojas. Su cuñada, Elisea Angulo Manrique, ha sido acreedora de S/33,600 girados por trabajos en la municipalidad de Arequipa y el Gobierno Regional de Junín.
Aquí también se encuentra la contratación del conviviente de la parlamentaria Margot Palacios, Abel Yupanqui Llancari, a quien el Programa Nacional A Comer Pescado le otorgó por sus servicios más de S/16,000. Según explicó la congresista Palacios a Perú21, su pareja tenía años contratando con el Estado. “¿En qué parte de la norma dice que, cuando la persona ha tenido contratos anuales, más de siete u ocho años (no puede contratar), dónde detalla ello? Hay que consultarle a él, él tiene hace ocho años ese mismo contrato y si se hubiera pretendido ocultar, no se habría declarado”, dijo. Añadió: “Yo no le puedo decir ‘oye, no hagas esto’”. La congresista se olvidó que, según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, su pareja está impedida para contratar con el Estado.
Familia Bermejo
El cuñado de Guillermo Bermejo Rojas, Adrián Paniagua Salazar, fue contratado por servicios administrativos en el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera. A él le pagaron S/27,000. La página de OSCE advierte en su ficha única de proveedor que actualmente se encuentra impedido de contratar. ¿Devolverán el dinero?
