La lista de candidatos al Senado del partido Perú Primero, liderado por Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, incluye a Miriam Morales, exsecretaria general del Despacho Presidencial, y a Óscar Vásquez, exasesor presidencial durante su gobierno. Ambos exfuncionarios fueron vinculados al denominado caso “Swing”, uno de los escándalos más polémicos de la administración vizcarrista.
Según los registros partidarios y electorales, Morales y Vásquez figuran como aspirantes al Senado de la República, en una postulación que ha generado cuestionamientos debido a sus antecedentes políticos y judiciales. Ambos formaron parte del círculo más cercano de Vizcarra durante su mandato (2018–2020).
El caso “Swing” se originó tras la contratación irregular del cantante Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura, pese a no cumplir con el perfil requerido. Las investigaciones del Ministerio Público alcanzaron a altos funcionarios de Palacio de Gobierno, entre ellos Miriam Morales, quien fue señalada como una de las personas con presunta influencia en dichas contrataciones.
En noviembre de 2020, el Ministerio Público ordenó la detención preliminar de Richard Cisneros, Miriam Morales y Karem Roca, en el marco de las diligencias por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, hechos ampliamente documentados por investigaciones periodísticas y fiscales.
Por su parte, Óscar Vásquez, exasesor del entonces presidente Vizcarra, también fue incluido en las indagaciones fiscales relacionadas con el entorno presidencial y el manejo de decisiones al interior de Palacio de Gobierno durante el periodo investigado.
La postulación de ambos exfuncionarios bajo la bandera de Perú Primero reaviva el debate sobre la responsabilidad política y la presencia de personajes investigados en procesos electorales, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayores estándares de transparencia y ética en la función pública.
Las candidaturas deberán ser evaluadas y fiscalizadas por los organismos electorales competentes, mientras el proceso judicial vinculado al caso “Swing” continúa formando parte del antecedente público de sus trayectorias políticas.
