El partido Renovación Popular, que postula a Rafael López Aliaga como candidato a la presidencia de la República, plantea reducir el número de ministerios y descentralizar sus sedes, incluso la del Poder Ejecutivo.
En el eje dimensión institucional, de su plan de Gobierno, señala que es un problema el elevado número de ministerios y que existe una concentración en la capital de las facultades políticas.
En ese sentido, ofrecen reducir el número de ministerios, considerando “la ineficiencia, el sobredimensionamiento de la burocracia y los abultados gastos corrientes, principalmente aquellos que se destinan a asesorías sin sustento técnico”.
La meta que se ponen al término de su probable gobierno, el 2026, es el “inicio de estudios técnicos a fin de reducir la cantidad de ministerios y redistribuir el personal a las sedes desconcentradas”.
En cuanto a los gobiernos regionales y locales, Renovación Popular plantea incentivos económicos para mejorar la gestión, en función a cambios positivos en indicadores de necesidades básicas insatisfechas.
Apoyarán, asimismo, la gestión administrativa con equipos gerenciales especializados y mejorando el nivel técnico de los funcionarios locales, lo que generará un gran impacto en la gestión.
En la función pública, proponen su revaloración e ingreso por méritos y competencias, incidiendo en la profesionalización y la permanencia mediante evaluaciones permanentes que pondrán énfasis en las pruebas de conocimiento, por encima de la entrevista personal.
Carrera judicial
En el ámbito de Justicia, el partido de López Aliaga plantea promover el acceso de jóvenes a la carrera judicial tras un año de formación en la Academia de la Magistratura. Al término se desempeñarán como jueces y fiscales por tres años, bajo la tutoría de magistrados con experiencia y solvencia moral.
Establecerán además canales para recibir denunciar sobre irregularidades en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Los órganos de control de dichas instituciones pasarán a depender de la Junta Nacional de Justicia, que aplicará las sanciones.
Ofrecen, además, una ley para que las controversias comerciales superior a las 10 UIT se tramiten exclusivamente por la vía arbitral para disminuir la carga procesal en el Poder Judicial.
