El exministro del Interior y exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, afirmó que el deporte nacional ahora es tomar carreteras, debido a las recientes manifestaciones de ciudadanos acompañadas de apropiación de carreteras; en esa línea, señaló también que implicarían penas de 5 a 10 años por considerarse como delitos de extorsión a la autoridad.
Ante la consulta de Jesús Verde sobre si la Policía Nacional ha suspendido vacaciones y permisos de todo el personal de la institución tras la declaración de alerta por manifestaciones y/o marchas por el cierre del Congreso y, la convocatoria a nuevas Elecciones Generales, Eduardo Pérez Rocha respondió:
“En el 2004 se hizo una modificación al código penal en el art. 200 sobre la extorsión donde se agregó un tercer párrafo donde se especifica que los que toman carreteras, obstruyen el libre tránsito para obtener de la autoridad lo que ellos desean, se considere delito de extorsión que lleva una pena mínima de 5 años hasta 10”, dijo a Exitosa.
Sin embargo, podría extenderse dicha penalidad por extorsión a la autoridad si se incluiría a menores de edad para tales fines: “Se considera figura agravada, cuando los que toman las carreteras, obstruyen las vías, entre otras acciones, llegan a utilizar a menores de edad, la pena se agrava y es de 15 a 25 años”, precisó Pérez Rocha.
Ante esto, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, mencionó que “El deporte nacional ahora es tomar carreteras”, porque son eventos recurrentes tras cualquier manifestación que se realice.
En esa línea agregó: “Y cuando les preguntas [a los que toman carreteras] te responden: ¡No!, estamos tomando una acción pacífica. No puede ser pacífica si estás rompiendo lunas, estás impidiendo el tráfico a personas que necesitan ir a centros de salud”, cuestionó Pérez Rocha.
Ante esto da una sugerencia al Ministerio Público: “El Ministerio Público debe detener a los dirigentes de estos eventos, una vez ya identificados, y denunciarlos por extorsión, no por delitos contra la comunicación que a pena no pasa de 4 años; considero que es la única forma de reestablecer el principio de autoridad”, enfatizó el exdirector de la PNP.
Por último, se manifestó sobre si no se puede detener a los manifestantes si es que no hay un ministro del Interior.
“La ley de la Policía Nacional indica que está para proteger la seguridad pública y privada, disminuir los delitos y las faltas, para eso no se necesita orden ministerial. Cuando hay flagrancia no se necesita ni orden judicial ni intervención del Ministerio Público. Se aplica el art. 166 de las funciones de la Policía Nacional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, finalizó.
