La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde expresan su rechazo por el pedido que realizaron para no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad.
Boluarte y Soto remarcaron que «el Estado peruano, como lo establece la Constitución Política, es una república democrática, social, independiente y soberana, organizada según el principio de separación de poderes, con una larga tradición de respeto por las obligaciones internacionales que ha suscrito en su poder soberano».
Además, indicaron que «el Perú es un país democrático, que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional».
«Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos», subrayaron los titulares del Ejecutivo y Legislativo.
¿QUÉ DIJO LA CORTE IDH?
La Corte IDH solicitó al Estado peruano que mediante sus «tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley» de lesa humanidad.
Además, pidió que, «a más tardar, el 9 de agosto de 2024», emita «un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto».
“Por medio de la presente se acusa recibo a la representación de las víctimas del escrito de 7 de junio de 2024 y sus anexos, recibidos ese mismo día vía correo electrónico en la Secretaría de la Corte IDH, mediante los cuales solicitaron al Tribunal la adopción de medidas provisionales en favor de las víctimas de [ambos] caso[s]”, se lee en el comunicado.
