Una reciente investigación del semanario Hildebrandt en sus Trece reveló una polémica decisión del Ejecutivo: mientras la presidenta Dina Boluarte duplicó su sueldo, ha rechazado reiteradamente los pedidos de aumento salarial y mejoras laborales de los trabajadores de su propio Despacho Presidencial. Aunque a los funcionarios se les repite que «no hay dinero», Boluarte pasó de ganar S/15.600 a S/35.568 mensuales, con un incremento del 125%.
La situación afecta directamente a 272 trabajadores del despacho presidencial, quienes desde hace tres años reclaman mejoras en sus condiciones laborales, sin recibir una respuesta favorable. Según el abogado Rubén Galindo, asesor legal del Sindicato Unitario de Trabajadores del Despacho Presidencial (Sutradp), los pedidos han sido ignorados bajo el mismo argumento presupuestal: “no hay dinero”. Incluso, un informe de viabilidad presupuestal determinó que solo hay S/47.083 disponibles, lo que representaría un aumento de apenas S/173 por persona.
Las solicitudes de los trabajadores datan de julio de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando obtuvieron un laudo arbitral favorable que ordenaba al Ejecutivo otorgar beneficios como movilidad, asignación escolar y bonificaciones por labor exclusiva. No obstante, ni el entonces presidente ni su sucesora han cumplido con esa decisión, a pesar de que el laudo es de carácter obligatorio e inapelable.
A lo largo de estos años, el sindicato ha presentado múltiples demandas, incluyendo un incremento de S/2.000 a la escala remunerativa, una asignación familiar de S/500, y un bono por cierre de pliego equivalente a dos UIT. Sin embargo, ninguna propuesta ha sido aceptada. Actualmente, el tema sigue en proceso ante un tribunal arbitral, mientras que los trabajadores, ante la falta de avances, han centrado sus exigencias en las bonificaciones mínimas.
La última respuesta provino de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, que por disposición de la propia Dina Boluarte, concluyó que no corresponde presentar ninguna propuesta respecto a los beneficios solicitados. La decisión ha generado indignación entre los empleados, quienes señalan el contraste entre la negativa a mejorar sus condiciones y el aumento sustancial que sí recibió la mandataria.
