La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se aferra al cargo y solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado Peruano suspender el proceso de acusación constitucional en su contra, que le sigue el Congreso por haber violado la Constitución.
Boluarte afirmó a la CIDH que se ha vulnerado el debido proceso en la denuncia por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.
La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social busca que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se vea obligada a suspender el procedimiento que le sigue por vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
El abogado Alberto Otárola, defensor legal de Boluarte, solicitó medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado, pese a que estos caso no ve esta instancia internacional al que se encuentra suscrito el Perú.
En el documento, Boluarte argumenta mintiendo que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas, cuando su caso es por faltar a la Constitución.
Además, Otárola dice a la CIDH que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos.
El abogado se refiere al informe de la Contraloría General de la República que advierte que Boluarte intervino en la gestión del Club Departamental Apurímac cuando se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pese a que el artículo 126 de la Constitución señala que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios ni de terceros.
Además, Otárola denuncia que el informe fue enviado íntegramente al Congreso, mientras que a Boluarte solo le llegaron tres páginas del documento, lo que es una “notoria afectación al derecho a la defensa y al debido proceso legal”, que involucra también a la contraloría.
El abogado agrega que el Congreso tiene planificado destituir e inhabilitar a Boluarte a más tardar el 8 de julio; es decir, en la presente legislatura. Boluarte y su abogado se pronunciarían hoy sobre las medidas cautelares presentadas ante la CIDH, que hasta ayer prefirieron mantener en reserva.
En tanto, la CIDH solicitó al Estado Peruano que le envíe toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa, según dio a conocer El Comercio.
