La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, el cual fue publicado hoy en el boletín de normas legales del diario Oficial El Peruano, pese a que el Ministerio de Justicia dijo que dicha norma es “una propuesta jurídicamente no viable”.
De acuerdo a la norma, esta modificación permitirá restablecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, con relación al procedimiento de designación de los procuradores públicos.
La modificatoria señala que los procuradores del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años, mediante concurso público. Asimismo, mantendrán autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección y no están sujetos a los lineamientos y disposiciones de la Procuraduría General del Estado.
Asimismo, dichos procuradores, de manera excepcional, son designados mediante resolución del procurador general del Estado, previa comunicación del titular de la entidad. Finalmente, se indica que, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los procesos de selección convocados para la designación de dichos procesos públicos, cualquiera sea la etapa o su estado, se adecuarán a los dispuesto en la presente ley.
Dicha norma fue firmada por la presidenta Dina Boluarte y la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, como encargada de la presidencia del Consejo de Ministros.
Como se recuerda, los proyectos de ley 3270 y 3651 fueron aprobados por el Pleno del Congreso con 64 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones. La primera propuesta permite al Poder Legislativo elegir a sus propios procuradores sin la necesidad de un concurso público previo, mientras que la segunda de reestructurar el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y establece la creación de una Procuraduría en el Parlamento y en el Poder Judicial.
Entre las funciones del Consejo Directivo está dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años.
El proyecto de ley 3270 lo presentó el congresista Esdras Medina Minaya (Renovación Popular). Por su parte, el proyecto 3651 lo impulsó la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular). Las medidas parlamentarias primero fueron aprobadas en la Comisión de Constitución, liderada por Hernando Guerra; luego el Congreso en primera instancia le dio el visto bueno con 61 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones.
Fuente: Andina
