La presidenta de la República, Dina Boluarte, advirtió este jueves que no permitirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige al Estado peruano suspender de inmediato la ley de amnistía para militares y policías.
Durante la ceremonia de graduación de 670 nuevos policías en Puente Piedra, la mandataria resaltó que “el Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. Y eso debe quedar bien claro”.
En su discurso, la jefa de Estado subrayó que el proyecto de ley busca justicia para quienes lucharon y arriesgaron sus vidas contra el terrorismo.
“No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir“, manifestó la dignataria.
BOLUARTE: “ESTE GOBIERNO ES LIBRE”
Tras destacar la importancia de la paz y la unidad nacional, Dina Boluarte dejó en claro que son defensores de los derechos humanos de los ciudadanos.
“Y esta posición del gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo integral, garantizando el futuro de los niños, de los jóvenes y adolescentes. Y ese desarrollo va de la mano de la justicia y de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros comités de autodefensa, merecen justicia y por supuesto, merecen respeto”, puntualizó.
CORTE IDH EXIGE FRENAR PROYECTO DE LEY
Días atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que exige al Estado peruano suspender “inmediatamente” el trámite del proyecto de ley 7549/2023-CR, conocido como ley de amnistía para militares y policías.
Esta iniciativa, aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio, busca absolver a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que fueron denunciados o condenados por violaciones de derechos humanos ocurridas en Perú entre 1980 y 2000.
