La presidenta Dina Boluarte realizó este fin de semana una visita de inspección a la isla de El Frontón, donde sostuvo conversaciones con especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) respecto al proyecto de reapertura del histórico penal. Durante el recorrido, la mandataria solicitó precisiones sobre los plazos para elaborar el expediente técnico y ejecutar la demolición del recinto. Según los cálculos expuestos, las obras podrían iniciar en enero de 2026.
“En cuatro meses estaríamos haciendo demoliciones totales y nivelación de tierras. En enero del otro año tendríamos que empezar”, respondió un técnico de la Oficina de Gestión de Inversiones del Minjus ante la consulta directa de Boluarte. El plan contempla que, tras la demolición y limpieza del área, la primera piedra se coloque en mayo y que para julio ya se evidencien avances concretos. “Esto es una obra real y concreta, que El Frontón se reabre”, afirmó la mandataria.
La visita ocurre días antes de una reunión extraordinaria convocada por el Ejecutivo para este martes 2 de septiembre, en la que se presentará el proyecto de reapertura del establecimiento carcelario ubicado frente al Callao. En un inicio, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afirmó que la capacidad del nuevo penal sería de siete mil internos de alta peligrosidad; sin embargo, tanto Presidencia como el Minjus precisaron que el número real sería de dos mil.
El debate sobre la viabilidad de la iniciativa no se ha hecho esperar. Javier Llaque, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sostuvo que reabrir El Frontón podría costar alrededor de 5 mil millones de soles, cifra que consideró excesiva. “Con ese dinero se podrían construir diez penales de 500 millones cada uno, con capacidad para cuatro mil internos cada uno”, advirtió. También cuestionó la logística de operar un penal en una isla, lo que requeriría, dijo, una flota de lanchas para el traslado de personal e insumos.
El Frontón, recordado por el violento motín de 1986 durante el primer gobierno de Alan García, operó desde inicios del siglo XX hasta su cierre a finales de los años ochenta, principalmente por dificultades logísticas y altos costos de operación. Hoy, su reapertura se perfila como uno de los proyectos más controversiales de la agenda penitenciaria del gobierno, mientras el Ejecutivo busca reducir el hacinamiento carcelario y se prepara para las votaciones en la Comisión Coordinadora de Criminología en los próximos días.
