La ciudadana Claudia María Gerónimo Paredes denunció al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y al ministro de Justicia, Félix Chero, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República por haber quebrado el principio de neutralidad sobre los procesos electorales, tras una conferencia realizada el último fin de semana.
La ciudadana de Trujillo presentó un oficio dirigido hacia Rosio Torres, titular del grupo de trabajo congresal, en el que acusa a los tres integrantes del Ejecutivo de presuntamente infringir de forma constitucional el deber de neutralidad de todo funcionario público durante las contiendas electorales, al haberse pronunciado a favor de una exclusión de César Acuña de las elecciones a Gobierno Regional de La Libertad, por los audios con la expresidenta del Congreso, Lady Camones, establecido en el artículo 31° de la Constitución Política del Perú.
“Se busca cautelar y proteger las normas institucionales previstas en la Constitución, contra el abuso del poder que puedan infringir los altos funcionarios del Estado, en el ejercicio de sus cargos, así también sancionar y reprimir con la suspensión, destitución y/o inhabilitación política haciendo efectivo la responsabilidad política, esto por parte del Congreso, y promoviendo la intervención del Poder Judicial en caso de la consumación de ilícitos penales en el desempeño de sus funciones de los altos funcionarios públicos”, se puede leer en el documento.
Asimismo, Gerónimo Paredes indica que el premier y los dos miembros de su gabinete ministerial actuaron en contra de cuatro otros artículos dentro de la Carta Magna, siendo estos el 38°, contra los deberes con la nación, el 39°, contra el principio constitucional de la buena administración, el 44°, contra los deberes primordiales del Estado, y el 45°, contra los deberes del ejercicio del poder.
Además, también habrían faltado a dos artículos del Código Procesal Penal, el 388°, por delito de peculado de uso, y el 376°, por delito de abuso de autoridad, según lo expuesto por la trabajadora de la Gerencia de Asesoría Jurídica del municipio de El Porvenir.
