La Defensoría del Pueblo pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, «reexaminar» su decisión de suspender la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
En un comunicado, el organismo indicó que si bien el artículo 117 de la Constitución establece que el mandatario no puede ser acusado, salvo en determinados supuestos, «esta disposición no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento».
«La decisión del Ministerio Publico en la cual dispone haber mérito para investigar preliminarmente al mandatario y, a la vez, suspende el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria», refirió.
«Si bien comprendemos la ponderación hecha por el titular de la acción penal en torno a garantizar la gobernabilidad, la conclusión de esta debió compaginarse con la preservación del sistema democrático y con la regla de que el combate contra la corrupción no admite excepciones ni dilaciones. Por ello, señalamos que la consecuencia ineludible de abrir una investigación preliminar es, precisamente, el desarrollo de actos de investigación urgentes que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los hechos», añadió la entidad que preside Walter Gutiérrez.
Como se recuerda, Avalos Rivera abrió una pesquisa al jefe del Estado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado peruano; sin embargo, en el mismo acto suspendió todas las diligencias «hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal».
