El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundada la cuestión previa presentada por la defensa legal del expresidente de la República, Pedro Castillo, para anular investigación en su contra por presunto delito de rebelión.
En el recurso presentado por el exmandatario se precisa que no se le realizó el antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso de la República durante la vacancia, tal como también lo mencionó el propio Castillo durante la audiencia ante el juez Juan Carlos Checkley.
“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional”, dijo Castillo Terrones en aquella oportunidad.
“Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, agregó.
Como se recuerda, el Parlamento dispuso levantar la prerrogativa de antejuicio político al expresidente Castillo por la comisión flagrante de delitos y declaró haber lugar a formación de causa penal.
La resolución legislativa lo señala como presunto coautor de la comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional por los hechos del 7 de diciembre cuando, en mensaje a la Nación, anunció un gobierno de emergencia excepcional y disolución del Congreso.
Actualmente, el exjefe de Estado cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, como parte de la investigación preparatoria que le inició la Fiscalía de la Nación por el fallido golpe de Estado.
