El Ministerio Público de Costa Rica anunció que aproximadamente 6.6 millones de dólares relacionados con el caso de presunta corrupción del expresidente peruano Alejandro Toledo y que ingresaron al sistema bancario de dicho país, han sido confiscados y pasarán a manos del Estado.
“La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de 6’635,267 dólares, suma que pasará a ser propiedad del Estado por carecer de causa lícita”, detalló el Ministerio Público en un documento oficial.
Este dinero fue inmovilizado por las autoridades costarricenses como parte de la investigación por el caso “Ecoteva”, abierto en 2013 y en el que el exmandatario habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, con la complicidad de su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su Gobierno, Avraham Dan On.
De los 20 millones de dólares, las autoridades costarricenses lograron inmovilizar 6,6 millones de dólares que pasarán a manos del Estado a partir de hoy.
«De acuerdo con la investigación, empleados de un banco privado costarricense habrían ofrecido facilidades en los trámites para que los imputados ingresaran y diversificaran en el sistema financiero costarricense aproximadamente 20 millones de dólares, dinero que había sido otorgado a Toledo y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, en el marco de un caso de megacorrupción que salpicó varios países latinoamericanos», añadió el Ministerio Público costarricense.
Ese dinero había sido otorgado a Toledo Manrique y sus colaboradores por parte de la empresa brasileña Odebrecht, en el marco de un caso de megacorrupción que salpicó a varios países latinoamericanos, agregó el Ministerio Público costarricense.
La Fiscalía informó que el proceso en contra de Alejandro Toledo, Fernenbug y Dan On se mantiene abierto y, a su vez, también son procesados en el Perú.
Vale recordar que Toledo, quien fue extraditado en abril pasado y se encuentra en prisión preventiva mientras es juzgado, está imputado por haber recibido unos 34 millones de dólares de Odebrecht mediante varias empresas creadas en paraísos fiscales, con los cuales adquirió bienes inmuebles en Perú.
