La Corte de Washington, en Estados Unidos, escuchó este jueves los argumentos de la defensa peruana en el caso de los peajes de Lima y solicitó el expediente penal contra la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por los contratos y modificaciones otorgados a las constructoras Odebrecht y OAS. La jueza que lleva el caso podría llegar a anular dichos acuerdos, lo que pondría en jaque a la concesión de Rutas de Lima.
El proceso no solo está vinculado al denominado Discovery, que busca determinar si la empresa canadiense Brookfield adquirió de buena o mala fe las acciones de Rutas de Lima, sino también a un presunto conflicto de intereses ocurrido durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz. La municipalidad contrató a la firma Foley Hoag LLP para representarla en arbitrajes, pese a que este mismo estudio trabajaba de manera simultánea para Brookfield en otros casos.
Este hecho habría derivado en laudos que ordenaron al Perú pagar aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima, montos que hoy son cuestionados e impugnados por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien estuvo presente en la audiencia judicial en Washington.
Durante la sesión, intervino el abogado Martín de Luca, representante del estudio Boies Schiller Flexner LLP, que actualmente defiende los intereses del Estado peruano. El especialista reiteró la necesidad de considerar las investigaciones abiertas en Lima contra Villarán, señaladas como clave para entender el trasfondo de los contratos con las constructoras brasileñas.
Por su parte, el abogado David Hille, en representación de Rutas de Lima, sostuvo que la solicitud no debía prosperar debido al tiempo transcurrido y a que no se habría probado formalmente un acto de corrupción. La decisión final de la judicatura estadounidense podría marcar un hito en el proceso y definir el futuro de los cuestionados contratos de peaje en la capital peruana.
