La corrupción sigue siendo una de las principales amenazas para el desarrollo del Perú. Según la Contraloría General de la República, entre 2021 y 2023 el país perdió más de S/72 mil millones debido a actos ilícitos en el sector público. Esta cifra fue dada a conocer por Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y refleja el alto costo económico de la corrupción en la gestión del Estado.
Especialistas consultados por RPP alertaron que esta problemática no solo se debe al accionar de autoridades, sino también a una “tolerancia social” que ha normalizado prácticas como sobornos menores. El sociólogo Samuel Rotta señaló que, aunque existe indignación, también hay aceptación ciudadana ante estos actos. “Hay una tolerancia que bordea los dos tercios de la población”, comentó, refiriéndose a pequeños actos corruptos como pagar una propina para evitar una multa.
Por su parte, el economista Sergio de la Piedra, docente de la Universidad de Lima, explicó que esta pérdida representa alrededor del 13 % del presupuesto destinado a obras públicas. “De cada 100 soles, 13 se pierden por corrupción. Eso retrasa y encarece la ejecución de proyectos”, advirtió. Esta realidad desincentiva la inversión privada, que percibe una práctica generalizada de sobornos para acceder a licitaciones públicas.
El abogado Eduardo Herrera, exdirector del Consejo Privado Anticorrupción, añadió que el auge de las redes sociales ha hecho más visible la corrupción, pero no necesariamente más frecuente. Además, denunció que muchas entidades públicas están “divorciadas por los egos”, lo que impide una lucha coordinada y efectiva contra esta amenaza.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que es urgente modernizar el servicio civil, promover la meritocracia, y reforzar la educación como pilares fundamentales para prevenir la corrupción. También criticaron al Congreso por aprobar leyes que, en lugar de combatir el delito, parecen favorecer a los involucrados en actos ilícitos. La corrupción, insisten, no solo afecta las arcas del Estado, sino también la confianza ciudadana y el futuro del país.
