La legisladora Elizabeth Medina Hermosillo, de la bancada Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 13104/2025-CR el pasado 6 de noviembre, mediante el cual busca modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal del Perú. La iniciativa apunta principalmente a penalizar el ocultamiento total o parcial del rostro en manifestaciones, así como la participación de menores de edad o personas con discapacidad en protestas tumultuarias donde se cometan actos de violencia o disturbios.
Según el proyecto, se plantea que quien utilice prendas u objetos para cubrir su rostro en el contexto de una reunión tumultuaria incurra en una pena privativa de libertad de no menos de 8 ni más de 10 años, además de una multa de 365 a 500 UIT. Por otro lado, el artículo 452° se ampliaría para sancionar con prestación de servicio comunitario (20 a 40 jornadas) o 60 a 90 días-multa, a quienes participen en marchas ocultando su rostro o autoricen la participación de menores/personas con discapacidad en protestas de riesgo.
La congresista fundamenta la iniciativa señalando que en diversas jurisdicciones del mundo —como Chile, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza— existen regulaciones que prohíben el uso de “máscaras” en concentraciones públicas precisamente para facilitar la identificación de quienes cometen ilícitos. Medina agrega que, aunque el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, este no es ilimitado y tampoco debería servir de escudo para la impunidad.
No obstante, la propuesta ha generado cuestionamientos por parte de colectivos de derechos humanos y manifestantes que argumentan que podría criminalizar el ejercicio de la protesta pacífica, ya que el ocultamiento del rostro puede obedecer a razones legítimas, como protección frente a represalias. Además, advierten que la definición de “reunión tumultuaria” en el proyecto podría ser amplia y ambigua.
Medina destacó que la motivación de su proyecto se relaciona con los hechos ocurridos desde finales de 2022 hasta octubre de 2025, “cuando se registraron disturbios y vandalismo en manifestaciones en los que grupos encapuchados actuaron con impunidad”. Su propuesta apunta entonces a cerrar este “vacío legal” y asegurar que los responsables respondan ante la ley. El texto ya ha sido registrado y ahora deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente: dictamen en comisión, debate en el pleno y, en su caso, aprobación.
