La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., de capitales chinos, decidió llevar su disputa con el Estado peruano hasta el Tribunal Constitucional (TC) en un nuevo intento por impedir que el megapuerto de Chancay sea regulado y fiscalizado por Ositrán. La Segunda Sala Constitucional de Lima concedió el recurso de agravio constitucional presentado por la compañía y ordenó elevar el expediente al máximo intérprete de la Constitución.
La decisión se produce luego de que la misma Sala revocara una sentencia de primera instancia que había dado la razón a Cosco Shipping en su demanda de amparo. En segunda instancia, los magistrados declararon improcedente la demanda, respaldando la posición del Estado respecto a la intervención del organismo regulador sobre la infraestructura portuaria.
En el recurso presentado por la empresa, Cosco solicita que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la resolución emitida por la Sala Constitucional y emita un nuevo pronunciamiento. Como pedido alternativo, también solicita que el TC revoque la sentencia de segunda instancia y declare fundada la demanda de amparo, lo que permitiría a la compañía revertir la decisión que habilita la supervisión de Ositrán.
El caso ha despertado interés debido a que el megapuerto de Chancay es considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina y una pieza clave en el comercio entre Sudamérica y Asia. La controversia gira en torno al alcance de las facultades del Estado peruano para supervisar y regular una infraestructura estratégica operada por una empresa de capital chino.
Con el expediente ya elevado al Tribunal Constitucional, será este organismo el que tenga la última palabra sobre si Ositrán puede ejercer plenamente sus funciones de regulación y fiscalización sobre el megapuerto de Chancay o si prosperan los argumentos planteados por Cosco Shipping. La futura sentencia podría convertirse en un precedente para la supervisión estatal de grandes proyectos de inversión privada en el Perú.
