El Congreso de la República instaló hoy la nueva comisión especial encargada de designar al Defensor del Pueblo, en medio de una polémica con el sindicato de trabajadores de dicha institución, luego de que el Poder Judicial ordenara suspender el proceso por presuntas deficiencias en la transparencia de la elección, pese a qu esa es función única del Parlamento.
En una sesión parlamentaria, la comisión eligió, por mayoría, al legislador Freddy Díaz Mónago, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), como presidente del grupo de trabajo que seleccionará a los candidatos aptos para elegir al sucesor de Eliana Revollar, la defensora del Pueblo en funciones.
Además, se determinó que la mesa directiva del grupo de trabajo también estará conformada por la congresista Rossángela Barbarán, como vicepresidenta de la comisión, y el parlamentario Elvis Vergara, de Acción Popular, como secretario.
Entre los miembros de esta nueva comisión también figuran los legisladores Silvana Robles, del partido oficialista Perú Libre; José Williams, de Avanza País; Jorge Montoya, de Renovación Popular; Álex Paredes, del Bloque Magisterial; Roberto Kamiche, de Perú Democrático, y Ruth Luque, en representación de las bancadas de Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Bicentenario.
Primera sesión
Tras la instalación de la comisión, quedó fijada para mañana martes, la primera sesión en la que se buscará aprobar los lineamientos y cronograma del proceso que se encargará de elegir a los candidatos para ser el nuevo defensor del Pueblo.
La anterior comisión que se encargaba de escoger a los candidatos para este cargo fue desactivada tras una disposición del Poder Judicial que ordenó detener el proceso hasta que se resuelva una acción de amparo presentada por el sindicato de la Defensoría, cuya audiencia ha sido convocada para el 18 de julio.
Ese sindicato aseguró que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, vulneró los principios de transparencia al integrar y presidir la comisión especial, pues se excedió con ella el número máximo de integrantes permitido, que es nueve.
También cuestionó que no se haya permitido la participación de la ciudadanía en la fase de tachas (rechazo) de los candidatos, ni que se pueda conocer la información proporcionada por la Contraloría de la República y otras entidades oficiales sobre sus trayectorias profesionales y personales.
En ese sentido, el tribunal encontró «un peligro inminente» de que el proceso se realice sin los requisitos mínimos de «publicidad», «transparencia» y «participación de la sociedad civil» porque se tenía previsto presentar el resultado de la elección de candidatos este 20 de junio y la elección definitiva el 28 de junio.
Sobre esta polémica, el presidente del nuevo grupo de trabajo aseguró que «la transparencia debe primar y los procedimientos tienen que darse en los plazos que correspondan».
