El Congreso de la República se encuentra en proceso de evaluación y aprobación de un conjunto de cinco iniciativas legislativas que, según gremios periodísticos, representan una seria amenaza contra la libertad de prensa en el país. Estas propuestas, impulsadas mayoritariamente por las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, contemplan desde la imposición de contenidos en medios privados hasta la obligación de revelar información financiera y de propiedad, lo que podría vulnerar la autonomía editorial y el ejercicio independiente del periodismo.
Una de estas leyes ya fue aprobada en mayo de 2025. Se trata del proyecto presentado por Mery Infantes (Fuerza Popular), que obliga a medios públicos y privados a ceder gratuitamente el 10% de su programación en horario familiar para contenidos del Estado sobre prevención de la violencia. Según la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), esta imposición representa una intromisión en la programación y la libertad editorial de los medios, abriendo un preocupante precedente de intervención estatal en la prensa.
Perú Libre encabeza la lista de iniciativas cuestionadas. Cuatro de los cinco proyectos bajo crítica fueron presentados por miembros de esta bancada. Entre ellos destaca el de María Agüero, quien plantea que los medios reporten anualmente al Ejecutivo información detallada sobre sus financistas, propietarios, audiencias y actividades. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha advertido que esta medida es una forma encubierta de control gubernamental sobre la prensa, y que podría utilizarse para sancionar o clausurar medios críticos.
Otras propuestas de Perú Libre incluyen la imposición de contenidos educativos y culturales en los medios privados, promovidas por Waldemar Cerrón y Janet Rivas. Aunque se presentan como medidas de fortalecimiento cultural, estas iniciativas ignoran que existen canales públicos destinados a dichos fines y, según expertos, vulneran la independencia editorial de los medios. Asimismo, Isaac Mita busca endurecer las sanciones por difamación, incluyendo la difusión de información íntima, aunque sea veraz, lo que podría obstaculizar investigaciones periodísticas sobre figuras públicas.
Zuleina Lainez, presidenta de la ANP, ha sido contundente en su crítica: “Cada 60 días, el Congreso presenta iniciativas que afectan las libertades informativas”. Según Lainez, detrás de propuestas que aparentan fomentar la transparencia o promover la cultura, se esconde un intento de control estatal sobre la prensa. También advirtió sobre otros proyectos en camino, como la colegiatura obligatoria para periodistas, que refuerzan un patrón legislativo hostil hacia el ejercicio del periodismo libre e independiente en el país.
