El congresista Guido Bellido Ugarte, de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 13123 que busca derogar la norma que concede una pensión vitalicia a los expresidentes de la República. Según el parlamentario, este beneficio constituye un “privilegio injustificado” y carece de sustento ético en un país donde millones de peruanos deben aportar durante décadas para acceder a pensiones mínimas.
En su exposición de motivos, Bellido cuestiona que exmandatarios procesados o investigados por corrupción, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, continúen recibiendo una pensión pagada con fondos públicos. “El Perú enfrenta una contradicción moral cuando expresidentes con investigaciones fiscales o judiciales siguen percibiendo dinero del Estado. No hay justificación ética ni técnica para mantener ese privilegio”, se señala en el texto.
El proyecto recuerda que la norma vigente fue promulgada durante el gobierno del exmandatario Alberto Fujimori y otorga un pago mensual vitalicio equivalente al salario de un congresista, sin exigir aportes previsionales ni establecer límites temporales. Actualmente, la remuneración de un parlamentario asciende a S/ 15,600, monto que reciben los exjefes de Estado beneficiados por esta disposición.
Bellido sostiene que el cargo de presidente debe entenderse como un deber de servicio al país, no como una fuente de beneficios personales. “El ejercicio de la Presidencia es un acto de vocación de servicio, no un privilegio perpetuo”, afirma la iniciativa, subrayando que resulta incoherente que exmandatarios con condenas o procesos judiciales continúen recibiendo dinero del erario nacional.
La propuesta también compara la situación de los expresidentes con la de los congresistas, quienes no gozan de pensiones al concluir su mandato. En ese sentido, plantea la necesidad de revisar los criterios de equidad y responsabilidad fiscal en el otorgamiento de beneficios a exautoridades, resaltando que el Congreso tiene ahora la oportunidad de eliminar un privilegio considerado incompatible con la realidad económica y moral del país.
