El Congreso peruano vivió una jornada intensa en la que se debatió un polémico dictamen que buscaba impedir que personas condenadas por delitos graves, como asesinato y secuestro, puedan postular a cargos de elección popular. Sin embargo, la sesión se vio obstaculizada por las posturas encontradas de Fuerza Popular y la izquierda parlamentaria.
Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución y miembro de Fuerza Popular, introdujo cambios al dictamen original que generaron controversia. Estos cambios retiraron las restricciones a los sentenciados por homicidio y secuestro, lo que desató un intenso debate en el pleno del Congreso.
La propuesta de Moyano fue respaldada por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País. Sin embargo, desde la izquierda parlamentaria se cuestionó duramente esta modificación, argumentando que permitiría que personas con antecedentes por delitos graves accedan a cargos públicos.
El incidente llegó a tal punto que se suspendió la sesión por casi una hora debido a las tensiones en el pleno. Finalmente, se aprobó una cuestión previa para que el texto vuelva a ser debatido en la Comisión de Constitución, liderada por Moyano.
Las posturas encontradas entre las diferentes bancadas reflejaron la complejidad del tema. Mientras algunos argumentaban a favor de restringir la participación política de quienes han cometido delitos graves, otros abogaban por un proceso más amplio y participativo, como una asamblea constituyente, para abordar estas reformas.
El resultado de esta jornada deja en evidencia los desafíos que enfrenta el Congreso peruano para llegar a acuerdos sobre temas sensibles como la inhabilitación de condenados por delitos graves para postular a cargos públicos.
