El Congreso de la República destinará este año un total de S/ 9 millones 594,875 para financiar un seguro de vida y salud considerado “premium” para los parlamentarios. Este plan no solo cubre a los legisladores, sino también a sus familiares cercanos e incluso a sus parejas, todo con recursos provenientes del erario público.
De acuerdo con el programa Panorama, se invierten alrededor de S/ 2,500 mensuales por cada congresista en este seguro, lo que equivale a cerca de S/ 30,000 anuales. La póliza otorga atención en las principales clínicas privadas del país, con una cobertura de hasta el 80%. Así, mientras un ciudadano paga en promedio S/ 200 por una consulta en estos centros de salud, un legislador apenas desembolsa unos S/ 30 por la misma atención.
El beneficio fue contratado con la aseguradora Rímac sin que mediara un proceso de licitación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo. Entre las clínicas incluidas en el plan se encuentran la San Felipe, Angloamericana y Delgado, establecimientos de alto costo a los que gran parte de la población no puede acceder y donde, en contraste, los congresistas tienen garantizada una atención preferencial.
Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, calificó este gasto como “poco empático e injustificado”, advirtiendo que se suma a la falta de un procedimiento regular de contratación. El especialista recordó que miles de peruanos enfrentan largas esperas y deficiencias en el sistema estatal de salud, lo que agudiza la percepción de desigualdad frente a los privilegios del Parlamento.
Al ser consultados por el dominical, algunos congresistas defendieron la millonaria inversión en el seguro, argumentando que “la salud no tiene precio”. Otros señalaron que fue la propia Mesa Directiva del Congreso la que dispuso la contratación de este plan de salud, manteniendo así un beneficio que refuerza la distancia entre la representación parlamentaria y la ciudadanía que la sostiene con sus impuestos.
