La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a generar controversia al rechazar el proyecto de ley de amnistía para policías y militares peruanos que enfrentaron, muchas veces con sus propias vidas, el brutal terrorismo que azotó al país durante las décadas pasadas. Esta postura ha sido recibida con indignación por amplios sectores de la sociedad, que consideran que se está criminalizando a quienes arriesgaron todo por defender la democracia y proteger a la ciudadanía.
El proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso y pendiente de una segunda votación, busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados por acciones en el contexto del combate al terrorismo. Se trata de hombres y mujeres que, en circunstancias extremas, enfrentaron a organizaciones como Sendero Luminoso y el MRTA, responsables de miles de muertes, atentados y años de violencia en el Perú. Muchos de estos agentes están hoy en prisión o enfrentando procesos judiciales, pese a que actuaron en defensa del país.
Frente a esta iniciativa, la CIDH ha exigido al Estado peruano que se abstenga de aprobar la ley, recordando fallos anteriores como los de Barrios Altos y La Cantuta. Según el organismo, las amnistías son inadmisibles cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, posición que ha sido criticada por ignorar el contexto de guerra interna en el que se produjeron los hechos. En ese tiempo, el país se encontraba prácticamente sitiado por el terror, y la respuesta del Estado, aunque imperfecta, fue decisiva para derrotar al extremismo.
Mientras tanto, organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se han sumado al rechazo de la ley, argumentando que afectaría más de 150 casos con sentencia firme y otros 600 procesos en curso. Sin embargo, desde el Congreso y sectores de la sociedad civil se sostiene que se está dejando de lado la presunción de inocencia y el reconocimiento a quienes sirvieron a la patria con valor, enfrentando a un enemigo que asesinaba civiles, destruía pueblos y sembraba el miedo en todo el territorio nacional.
En este contexto, ha vuelto al debate la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Congreso ya ha planteado, con apoyo del Ejecutivo, la creación de una comisión multisectorial para evaluar si el país debe continuar en ese sistema. Para muchos peruanos, la actuación de la CIDH no representa justicia, sino una interferencia que impide cerrar heridas y rendir homenaje a quienes defendieron al Perú en su hora más oscura.
