La justicia de Brasil decidió suspender la cooperación jurídica internacional con Perú en los procesos vinculados al caso Lava Jato, luego de detectar el presunto uso indebido de pruebas proporcionadas por la constructora brasileña Odebrecht —hoy nuevamente llamada así tras operar como Novonor—. La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Justicia brasileña, que acusó a las autoridades peruanas de emplear pruebas invalidadas por el Supremo Tribunal Federal en 2023 o utilizadas fuera del contexto permitido por los acuerdos legales entre ambos países.
Según informó el medio brasileño O Globo, Brasil detectó que parte de la evidencia entregada por Odebrecht en el marco de los acuerdos de colaboración fue utilizada en procesos distintos a los pactados, como arbitrajes y otras instancias judiciales no autorizadas. Este uso vulneraría el principio de especialidad, que rige los acuerdos de cooperación jurídica internacional, y que establece que la información solo puede utilizarse para los fines expresamente acordados.
La medida fue impulsada a raíz de una solicitud de la misma constructora Odebrecht, que denunció incumplimientos por parte del Ministerio Público del Perú. Según el informe brasileño, Perú habría ignorado las restricciones impuestas en los acuerdos firmados por la Procuraduría General de la República de Brasil y su Departamento de Recuperación de Activos. Además, la Secretaría Nacional de Justicia indicó que desde noviembre de 2022 ha enviado múltiples comunicaciones al Estado peruano pidiendo explicaciones, sin obtener respuestas claras hasta la fecha.
Ante esta situación, el fiscal peruano José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, defendió el trabajo realizado por el Ministerio Público. Aseguró que se respaldará la legalidad de las pruebas presentadas ante los jueces peruanos, muchas de las cuales ya han sido validadas y han derivado en sentencias condenatorias. “Vamos a defender el trabajo realizado y la validez de la prueba que ya se encuentra en el país”, afirmó.
La suspensión de la cooperación jurídica por parte de Brasil podría tener consecuencias importantes para los procesos judiciales abiertos en Perú en torno al caso Lava Jato. Sin acceso a nuevas pruebas ni respaldo internacional, las investigaciones podrían ralentizarse y generar un clima de mayor incertidumbre respecto al futuro de los juicios por corrupción que involucran a Odebrecht y a diversas figuras políticas y empresariales peruanas.
