La justicia brasileña ha dado un nuevo golpe a las investigaciones del caso Lava Jato en Perú al declarar la inutilidad de las pruebas contra Gonzalo Monteverde, empresario peruano vinculado a la corrupción de Odebrecht. La decisión del juez supremo federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, afecta gravemente el desarrollo de las investigaciones lideradas por el Equipo Especial de fiscales peruanos.
El 14 de agosto de 2024, el juez Toffoli extendió la declaración de ilegalidad y no fiabilidad a las pruebas del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht que el Ministerio Público Federal de Brasil había compartido con la fiscalía peruana. Toffoli consideró que estas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, violando derechos humanos y sin cadena de custodia adecuada, aplicando la doctrina jurídica del «árbol envenenado». Esta doctrina sostiene que si una prueba es obtenida de manera ilícita, todos los «frutos» derivados de ella también están viciados.
La resolución del juez brasileño implica que las pruebas que fueron utilizadas en Perú, a través de la cooperación judicial, ahora se consideran inútiles. Además, Toffoli prohibió cualquier futura colaboración judicial entre Brasil y Perú respecto a estas pruebas.
Gonzalo Monteverde, quien se encuentra prófugo desde marzo de 2019, ha sido acusado de recibir y ocultar activos ilícitos vinculados a Odebrecht. Según el fiscal José Domingo Pérez, Monteverde habría manejado alrededor de $24.9 millones para sobornos y aportes a campañas políticas en Perú entre 2007 y 2015. Sin embargo, con la anulación de las pruebas, la validez de estas acusaciones está en entredicho.
La decisión de Toffoli afecta no solo el caso de Monteverde, sino también otras investigaciones relacionadas con presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a campañas políticas en Perú. Los casos de ex presidentes como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como otros políticos y partidos, podrían verse impactados por esta resolución.
La resolución del juez brasileño se presenta como un desafío significativo para las investigaciones en Perú. La legalidad y validez de las pruebas que el Equipo Especial Lava Jato utilizó para enjuiciar a figuras políticas peruanas podrían ser cuestionadas. Los especialistas legales en Perú deben ahora considerar si están obligados a acatar la decisión de la justicia brasileña, dado el convenio de colaboración judicial internacional entre ambos países.
El Perú recibió estas pruebas bajo un acuerdo de cooperación judicial, y la resolución brasileña sobre su invalidez podría obligar a revisar y posiblemente desechar evidencia en curso. La forma en que las autoridades peruanas manejarán esta situación será crucial para el futuro de las investigaciones en el caso Lava Jato.
