La exministra Betssy Chávez suspendió este martes su huelga de hambre, tras 15 días de protesta en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, medida que adoptó para denunciar presuntos abusos y hostigamientos dentro del centro penitenciario. La decisión fue comunicada por su abogado, Raúl Noblecilla, quien detalló que la medida fue levantada luego de la visita del director regional del INPE Lima, Roy Latorre, y por pedido de su entorno cercano ante el riesgo de un paro cardíaco.
“Tras 15 días de huelga de hambre ha decidido levantar esta medida extrema luego de recibir la visita del director regional del INPE y ante el pedido de sus amigos, compañeros, compañeras y familiares, quienes con justa preocupación han solicitado preservar su salud física y emocional”, indicó Noblecilla en redes sociales. Chávez agradeció el gesto de diálogo mostrado por el funcionario penitenciario.
La exministra del expresidente Pedro Castillo había iniciado esta medida de protesta el pasado 15 de julio, luego de denunciar una serie de presuntos maltratos y restricciones por parte de las autoridades penitenciarias. Entre sus denuncias se incluían la restricción al uso de baños, limitaciones de tránsito interno, prohibición de visitas y sanciones colectivas que, según sostuvo, vulneraban sus derechos humanos y los de otras internas.
En ese contexto, Chávez responsabilizó directamente a la directora del penal, Nelly Aquino Guardales, así como a otras funcionarias del establecimiento, a quienes acusó de operar bajo prácticas arbitrarias y corruptas. A través de su defensa legal, exigió una investigación inmediata y el relevo de las autoridades implicadas. Noblecilla agregó que acudirán a instancias internacionales si no se adoptan medidas concretas.
Durante el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, la jueza Norma Carbajal rechazó en dos ocasiones el pedido de suspensión de audiencia, a pesar de que Chávez no pudo asistir por su estado de salud. La magistrada argumentó que esto no impedía su comunicación con el equipo legal. El abogado defensor criticó la decisión, afirmando que no se valoraba adecuadamente el riesgo vital que enfrentaba su patrocinada.
