La exprimera ministra Betssy Chávez anunció que ha iniciado una huelga de hambre en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La medida, según argumenta en una carta dirigida a la Corte Suprema, responde a presuntas amenazas contra su vida y a tratos hostiles por parte del personal del penal.
Chávez denunció que está siendo hostigada por la directora del penal, Nelly Aquino; la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento, Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón. Afirmó que estas funcionarias utilizan a internas para intimidarla y que ha sido objeto de sanciones colectivas que afectan su integridad. En su misiva, solicitó urgentemente la reorganización del centro penitenciario y la intervención del Ministerio de Justicia y del INPE.
Además, la ex primera ministra se negó a ser trasladada al Penal Barbadillo para participar en el juicio oral en su contra. Como consecuencia, la sesión programada fue suspendida temporalmente a solicitud de su abogado, Raúl Noblecilla, quien también leyó una segunda carta de su defendida en la que detalla otras restricciones y maltratos, como la prohibición de usar los servicios higiénicos los fines de semana y limitaciones en las visitas familiares.
Ante la inasistencia, el Ministerio Público aceptó suspender la audiencia, aunque advirtió que si la negativa persiste, el juicio continuará con la participación exclusiva de su defensa legal. Chávez, por su parte, anunció que ha presentado un hábeas corpus correctivo para frenar lo que considera actos “ilegales, arbitrarios y humillantes”.
La situación ha generado preocupación sobre las condiciones dentro del penal y sobre la posible estrategia de Chávez para evitar el avance del proceso judicial. La exfuncionaria enfrenta cargos graves por su presunta participación en el intento de quebrantar el orden constitucional en diciembre de 2022.
