Los congresistas de Fuerza Popular Luz Salgado, Rosa Bartra y Héctor Becerril, entre otros legisladores fujimoristas, no serán denunciados por haber presuntamente obstruido el allanamiento que, en el 2017, el fiscal José Domingo Pérez dirigió en dos locales partidarios del fujimorismo.
La decisión corrió por cuenta de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, quien dispuso archivar la investigación contra los 11 parlamentarios de Fuerza Popular, que se apersonaron en el local del partido fujimorista en el Paseo Colon cuando era allanado, porque consideró que los actos descritos por el fiscal Pérez no representaban obstrucción a la justicia, según El Comercio.
La resolución del Ministerio Público que envía al archivo las investigaciones contra los legisladores de Fuerza Popular fue emitida el pasado 20 de agosto, y en ella se indica que «de las actas de deslacrado, visualización y transcripción de videos contenidos en dispositivos USB que obran en la carpeta fiscal, no se aprecia actos dirigidos a impedir u obstaculizar a través de amenazas la ejecución de la resolución judicial que autorizó el allanamiento de inmuebles del partido político Fuerza Popular”.
En el documento se consignan los testimonios de algunos de los participantes en la diligencia, que fueron recabados en las pesquisas preliminares, como el del fiscal Walter Villanueva Liucho y el del efectivo de la Policía Nacional Jorge Daniel Espinoza Valera.
De acuerdo al referido medio, el fiscal Villanueva Liucho declaró el pasado 9 de julio ante el Ministerio Público. En su testimonio, señaló que, en efecto, «hubo expresiones inadecuadas de los congresistas Elard Melgar y Víctor Albrecht” mientras se ejecutaba la diligencia de allanamiento en el local partidario de la calle Los Morochucos 140, en Surco.
Sin embargo, el fiscal Villanueva Liucho «no las calificó como expresiones amenazantes” que pudiera obstruir la diligencia.
Un caso parecido fue el del agente de la PNP Espinoza Valera, quien declaró ante el Ministerio Público el 10 de julio último. De acuerdo a El Comercio, el efectivo dijo que “no hubo actos amenazantes en la diligencia de allanamiento realizado en el local ubicado en la avenida 9 de diciembre Nro 422 (ex Paseo Colón)”.
El 7 de diciembre del 2017, en el marco de la investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, el fiscal José Domingo Pérez dirigió el allanamiento de dos locales del partido fujimorista, tras obtener el permiso de una orden judicial emitida por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.
No bien se conoció la actuación del fiscal Pérez, de inmediato, un grupo de parlamentarios del fujimorismo acudieron al local partidario del Centro de Lima. Entre ellos se vio a Luz Salgado, Héctor Becerril y Rosa Bartra, entre otros legisladores.
De acuerdo a la denuncia del fiscal Pérez, la congresista Luz Salgado le habría dicho en medio de la diligencia que “no se está metiendo usted con cualquiera”.
Sin embargo, la fiscal de la Nación determinó que, «del análisis de la conversación antes descrita no se aprecia que las frases expresadas por los congresistas Luz Salgado y Héctor Becerril tengan entidad suficiente para atemorizar o amilanar al fiscal provincial [y] a los funcionarios públicos a cargo de la diligencia de allanamiento autorizada por mandato judicial que se realizó en los locales del partido Fuerza Popular en día 7 de diciembre del 2017”.
Por otro lado, aunque el documento del despacho de la titular del Ministerio Público reconoce que en la intervención de la congresista Alejandra Aramayo “se verifica la existencia de interrupciones a la diligencia de allanamiento”, la decisión de la fiscal de la Nación consideró que estas «no constituyen amenazas, ni actos de intimidación y no llegan a impedir o trabar la ejecución de la diligencia de allanamiento en el referido local”.
Por esta razón, la titular del Ministerio Público resolvió que no se ameritaba «formalizar denuncia penal” contra los parlamentarios fujimoristas por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia y violencia contra la autoridad para impedir sus funciones.
