La propietaria de uno de los dos inmuebles sobre los cuales el Poder Judicial aprobó una medida de allanamiento a pedido del fiscal José Domingo Pérez, como parte de las investigaciones por los aportes de campaña de Keiko Fujimori, aseguró que ella no vive en ese lugar desde hace seis meses.
Esto, en respuesta al fiscal Pérez, quien dijo que se había tenido información de la Policía en el sentido de que la casa se mantenía ocupada. Por esto, advirtió que el inmueble habría sido deshabitado en el último fin de semana y que se estaba planteando ante el Poder Judicial una orden de descerraje.
«Este no es mi domicilio desde hace seis meses. Tengo documentos. No entiendo cómo el fiscal José (Domingo) Pérez tan libremente puede decir que me he mudado hace una semana llevándome sabe Dios qué cosas, eso está muy mal», declaró Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez a la prensa.
Añadió que su abogado presentará ante el Ministerio Público un escrito consignando su nueva dirección y documentos que sustenten esta información. No respondió, empero, sobre sus vínculos con Fuerza Popular.
El inmueble de Rocío del Carmen Pardo-Figueroa, ubicado en la calle Berlín 879, Miraflores, así como el inmueble de la Av. La Merced 1089 bloque L departamento 401, Santiago de Surco, de propiedad de Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi, fueron allanados hoy por la fiscalía con apoyo de la policía de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
El fiscal Pérez, esta mañana, señaló que el inmueble de Miraflores habría sido deshabitado en los últimos días. Ahí, según las indagaciones, habrían podido ubicar parte de la documentación sustraída de Fuerza Popular.
«Lamentablemente, el inmueble de Miraflores este fin de semana ha sido desalojado o deshabitado (porque) según información que se alcanzó el juez, en un primer momento, la PNP encontró ocupado el inmueble», comentó ante la prensa.
José Domingo Pérez justificó el allanamiento aprobado por el juez de investigación preparatoria Víctor Raúl Zúñiga señalando que han podido acreditar que documentación de Fuerza Popular fue retirada de los locales partidarios mientras se realizaban diligencias en diciembre del 2017.
En la diligencia buscan encontrar documentos relevantes para las investigaciones por presunto lavado de activos y organización criminal cometidos durante la campaña de Keiko Fujimori y Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.
