Altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) han reconocido oficialmente a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitiera la Resolución N.º 231-2025-JNJ que la restituye en el cargo. A través de un documento interno enviado el 16 de junio y recibido el día 19, se ordenó brindar seguridad policial de carácter “muy urgente” a Benavides ante los riesgos derivados del ejercicio de sus funciones.
El documento, firmado por el secretario general de la Dirandro, Percy Merardo Ramos Azañedo, señala que la Comandancia General de la PNP recibió comunicación directa de Benavides sobre su reposición. En consecuencia, el Teniente General Carlos Alejandro Céspedes Muñoz, jefe del Comando de Operaciones Policiales, dispuso que todas las unidades especializadas de la Dirincri y otras dependencias operativas tomen conocimiento y actúen conforme al mandato legal.
Asimismo, se instruyó a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirno) que, mediante la DIRSEEST PNP, se adopten las acciones necesarias para brindar protección personal a Benavides. La disposición se justifica por la exposición a riesgos derivados de su condición de titular del Ministerio Público y las denuncias relacionadas con su gestión.
Pese al respaldo policial, la situación ha generado una profunda crisis institucional. La presencia de Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público el 16 de junio fue calificada por algunas voces políticas y judiciales como una «usurpación de funciones» y un «golpe institucional». La fiscal Delia Espinoza, quien asumió el cargo tras la suspensión inicial de Benavides, insiste en que ella es la única fiscal de la Nación con legitimidad.
En defensa de Benavides, su abogado Juan Peña declaró que su clienta no busca únicamente la restitución del cargo, sino justicia ante lo que considera una destitución indebida. Además, precisó que el cumplimiento de la resolución de la JNJ recae en esta misma institución, la cual debería solicitar a la PNP el uso de la fuerza si fuera necesario. Mientras tanto, el respaldo de la Policía evidencia una fractura institucional que profundiza la crisis dentro del Ministerio Público.
