El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció este miércoles 11 de junio que ya tiene redactada una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”. Esta iniciativa surge tras la difusión de una explosiva carta notarial del médico cirujano Mario Cabani, quien acusa a la mandataria de intimidación, difamación y falsedad respecto a las cirugías estéticas a las que se habría sometido en su clínica.
Burgos, integrante de la bancada de Podemos Perú, señaló que iniciará la recolección de firmas entre sus colegas del Congreso para presentar oficialmente la moción de vacancia. “Voy a presentar la vacancia, voy a buscar las firmas. Lo importante es que se logren las firmas necesarias. La redacción ya la tengo preparada”, declaró al término de la sesión de la Comisión de Fiscalización.
El parlamentario también se refirió a las acusaciones de Cabani sobre presuntos actos de hostigamiento por parte del entorno de Boluarte al personal médico involucrado en el procedimiento. Además, cuestionó duramente la moralidad de la presidenta al señalar: “¿Qué estará haciendo con las arcas del Estado?”, insinuando posibles irregularidades más allá del caso clínico.
La carta notarial, fechada el 9 de junio de 2025, detalla que Boluarte se sometió a múltiples procedimientos quirúrgicos entre el 28 y el 30 de junio de 2023, incluyendo rinoplastia, blefaroplastia, colocación de hilos tensores y relleno facial. Cabani exige una rectificación pública de las declaraciones de Boluarte, quien había afirmado que solo se trató de una intervención funcional a la nariz. El médico también acusa a la mandataria de haber demorado en pagar los servicios médicos, adjuntando una boleta pagada recién en abril de este año.
En su misiva, Cabani exige a la presidenta que cese cualquier tipo de intimidación hacia él o su equipo médico, bajo amenaza de iniciar acciones legales, incluyendo una querella penal por difamación agravada y una demanda por daños y perjuicios. La carta también será remitida al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público como parte de una ofensiva legal y política que podría escalar en los próximos días.
