Alejandro Toledo afirmó en su declaración ante la Fiscalía los días 8 y 9 de mayo que fue el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien introdujo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, representantes de la empresa brasileña, al Palacio de Gobierno en una visita protocolar.
Las revelaciones de Toledo, quien se encuentra recluido en el penal Barbadillo de Ate cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht, fueron consideradas «relevantes» por los fiscales, ya que arrojan luz sobre la influencia de Kuczynski en Proinversión.
La declaración de Toledo fue hecha en respuesta a un reportaje del programa Punto Final. El ex presidente señaló que, aunque PPK facilitó el encuentro con Odebrecht y Barata, desconocía las empresas vinculadas a Kuczynski Godard que habían obtenido asesorías de Odebrecht y otras compañías relacionadas con proyectos como el Gas de Camisea e Interoceánica Sur, y que habían obtenido beneficios durante el mandato de Toledo en cargos estatales.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez ordenó que la declaración de Toledo se mantuviera en reserva. PPK se encuentra bajo investigación por presunto lavado de activos en el caso Westfield Capital, con una medida cautelar de comparecencia restringida y reglas de conducta.
El requerimiento de acusación fiscal, revelado en el reportaje, destacó la importancia de la declaración de Toledo para el caso, ya que describe cómo Proinversión estaba bajo la supervisión de PPK cuando este era Ministro de Economía y Finanzas.
En relación al caso Westfield Capital, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos agravado por pertenencia a una organización criminal. La solicitud del Ministerio Público fue de 35 años de prisión por su supuesta participación en un grupo delictivo que habría recibido más de 12 millones de dólares de Odebrecht y otras empresas.
La acusación también incluyó al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien se solicitó una pena de 35 años de prisión, así como a Gloria Kisic Wagner y Luis Bernaola Ñuflo, personas cercanas al ex presidente, para quienes se pidió una condena de 23 años y 11 años y 6 meses de cárcel, respectivamente.
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la solicitud de extensión por tres meses de la orden de impedimento de salida del país contra el ex mandatario, argumentando que esto violaría su derecho fundamental a la libertad individual.
