Dentro de los proyectos de reforma política que el Gobierno del mandatario Martín Vizcarra ha presentado ante el Congreso de la República -y que viene debatiendo la Comisión de Constitución– hay uno que ha despertado todas las alarmas. Se trata de una iniciativa que propone eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente, tal como estipula el artículo 113 de la Constitución.
Vale mencionar que la Carta Magna indica que “la Presidencia de la República vaca por (…) su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.
La modificación constitucional del Ejecutivo, en cambio, plantea que la vacancia presidencial sea sustentada en “permanente incapacidad física, debidamente comprobada, declarada por no menos de dos tercios del número legal de miembros del Congreso”.
Una de las razones expuestas para este cambio, según el proyecto palaciego, es que la “incapacidad moral permanente alude a la incapacidad mental permanente, por tanto, este supuesto puede, perfectamente, ser incluido en el de la incapacidad física”.
Otro sustento es que, dado que el jefe de Estado “no puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, salvo por las causales específicas del artículo 117 de la Constitución, sus detractores invocan la figura de la incapacidad moral permanente para forzar su vacancia del cargo“.
En este sentido, se argumenta que los adversarios políticos “confunden la incapacidad moral permanente con un cuestionamiento ético a la investidura del Presidente”, pretendiendo “sancionarlo políticamente”.
“DICTADORCITO”: Al respecto, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde sostuvo que esta pretensión “es un error”, porque la vacancia por incapacidad moral permanente se creó en la Constitución de 1839 y solo se ha utilizado excepcionalmente una vez en el caso de Alberto Fujimori, a quien no se le aceptó su renuncia por fax y el Congreso terminó vacándolo.
