La bancada de Acción Popular, a iniciativa del congresista Ilich Fredy López Ureña, presentó el viernes 5 de mayo un proyecto de ley para prohibir que el Estado peruano mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos. Esto a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos o también conocida como Pacto de San José.
Según fundamenta la iniciativa, actualmente el Perú pertenece a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, el tratado internacional “obliga y somete al Estado a poder dictaminar respecto a problemáticas internas por las que podría estar atravesando el país, prohibiendo de esta manera, por ejemplo, la condenación de la pena de muerte para los delitos no estipulados dentro de la legislación nacional”.
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional que se prohíba que el Estado mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
“En el Perú, las principales denuncias debido a la inseguridad ciudadana tienen como principal causal las de delitos con 403,701 denuncias contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, la seguridad pública y la libertad, denuncias por vehículos robados, por accidentes de tránsito, denuncias de trata de personas y personas detenidas; en segundo lugar, las denuncias por comisión de faltas y 240,875 denuncias por violencia familiar tanto física como psicológica, asó como 9,840 denuncias por violencia sexual”, añade el documento presentado.
