Durante la presentación de su alegato de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado, el abogado de Antonietta Gutiérrez Rosati, ex tesorera de Fuerza 2011, anunció que solicitará una reparación económica debido al daño personal y familiar causado por lo que calificó como una investigación ilógica y un juicio erróneo en el caso Cócteles.
Según el abogado defensor, Gutiérrez Rosati se desempeñó como tesorera del partido político entre julio de 2009 y febrero de 2011, antes de que supuestamente se ingresara dinero ilícito, según la acusación en su contra. Durante más de 10 años de investigación, desde la etapa preliminar, se mencionó el desgaste emocional, el deterioro de su actividad profesional internacional y nacional, así como el daño a su prestigio y a su familia.
«En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por todo el proceso que ha conllevado este juicio injusto», afirmó el abogado en su declaración. No especificó si la demanda sería dirigida contra el Estado, el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez, o algún juez del Poder Judicial.
La defensa argumentó que Gutiérrez Rosati, genetista y bióloga de profesión, se unió a Fuerza 2011 por intereses políticos y medioambientales en 2009, y que posteriormente fue designada para organizar el área de tesorería del partido. Durante su gestión, implementó controles financieros y abrió cuentas bancarias conforme a las regulaciones de la ONPE.
La defensa sostiene que Gutiérrez ya no formaba parte de Fuerza 2011 cuando supuestamente se realizaron actividades ilícitas relacionadas con lavado de activos, lo cual considera un error y motivo de su pedido de absolución en el juicio.
Este caso destaca por ser uno de los muchos en el proceso contra Keiko Fujimori y otros 39 acusados por delitos que incluyen organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en trámite administrativo. La defensa de Gutiérrez Rosati es una de las primeras en considerar la posibilidad de una demanda por reparación económica tras la conclusión del proceso judicial en su contra.
