Al menos 17 de los 25 gobernadores regionales del país enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos como organización criminal, colusión, peculado, malversación y negociación incompatible. Varias de estas denuncias están relacionadas con cargos públicos que ocuparon antes de asumir sus actuales funciones, mientras que otras se sumaron desde el inicio de sus gestiones en enero de 2023.
Entre las autoridades con más procesos abiertos figuran gobernadores reelectos o que ya habían ejercido otros cargos, como el de alcalde. Destacan los casos de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho en su tercer mandato, y César Acuña, en su segundo período al frente de La Libertad, quienes arrastran denuncias desde gestiones pasadas y han acumulado nuevos procesos en su actual administración.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, los delitos más frecuentes en los gobiernos regionales son colusión (39 %), peculado (23 %), malversación (20 %) y negociación incompatible (20 %). Entre los gobernadores con más investigaciones se encuentran, además de Oscorima y Acuña, Zósimo Cárdenas (Junín), Luis Torres (Tacna), Manuel Gambini (Ucayali), Jorge Chávez (Loreto), Segismundo Cruces (Tumbes), Walter Grundel (San Martín) y Rohel Sánchez (Arequipa).
El caso de Oscorima es uno de los más mediáticos: registra al menos 24 investigaciones fiscales y recientemente fue vinculado en la entrega de relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte, lo que motivó un proceso de la Fiscalía Anticorrupción. En tanto, César Acuña acumula 15 investigaciones activas, entre ellas por presunta colusión en contratos de publicidad y denuncias por tráfico de influencias, abuso de autoridad y hasta violencia familiar.
Otros gobernadores también enfrentan cuestionamientos graves. Zósimo Cárdenas, de Junín, es investigado por presunto cobro de cupos y direccionamiento de contratos en su región; Luis Torres, de Tacna, fue declarado “reo contumaz” por no asistir a una audiencia en un proceso por organización criminal; y Manuel Gambini, de Ucayali, afronta denuncias por colusión, peculado y tráfico de influencias. En Tumbes, Segismundo Cruces lidera la lista de denuncias con 29 procesos solo en los dos primeros años de gestión, vinculados a presuntos direccionamientos de obras y contratos millonarios.
