La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) negó hoy el licenciamiento institucional a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), donde estudian 16.650 estudiantes, por lo que deberá cesar sus actividades en un máximo de dos años.
De acuerdo con la resolución del consejo directivo de Sunedu, dicha casa superior de estudios -fundada en 1964- queda impedida de inmediato de convocar a procesos de admisión para nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad.
La decisión de denegar la licencia institucional, indica la Sunedu, obedece a que la UIGV no ha sido capaz de demostrar el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel universitario en el Perú.
Universidad privada de carácter asociativo, la UIGV cuenta con 13 facultades y una escuela de posgrado. Su oferta educativa está conformada por 97 programas de estudio, 48 de pregrado, 38 maestrías y 11 doctorados además de 24 programas de segunda especialidad.
Su sede se encuentra en Lima (donde tiene nueve locales) y cuenta con una filial en la ciudad de Chincha, provincia de Ica. A la fecha tiene 16.650 estudiantes, de los cuales el 60% está inscrito en programas en modalidades presencial, mientras que el restante 40% cursa programas semipresenciales. Asimismo, cuenta con 570 docentes.
Principales incumplimientos: Entre las principales deficiencias encontradas en la evaluación de la UIGV, Sunedu resaltó las siguientes:
La instancia encargada de la gestión de la calidad en la universidad no tiene una estructura organizacional definida ni cuenta con todo el personal a cargo requerido; además, sus instrumentos de gestión no están articulados entre sí.
La universidad no presentó planes de estudio para todos sus programas declarados y, en el caso de los planes que sí fueron remitidos, la información es inconsistente.
Durante el proceso, 82 documentos de planificación presentaron observaciones en su aprobación por autoridad competente; mientras que 22 no tuvieron documento de aprobación alguno, lo que evidencia desorden en la gestión institucional.
Se encontraron inconsistencias en la información del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la universidad, tanto en el presupuesto como en el plan y en la evidencia de lo ejecutado. Las inconsistencias halladas impactan en la operatividad del equipamiento de laboratorios y talleres y en la seguridad de los mismos; es decir, en la infraestructura general de la universidad.
Algunos locales conducentes a grado académico no cumplen con lo establecido en la normativa vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones), lo cual incide directamente en la seguridad del estudiante y en el uso que se hace de su infraestructura.
La universidad no ha demostrado la implementación y gestión de actividades de investigación planificadas: no hay evidencia de que sus proyectos de investigación 2019 hayan pasado por un proceso de selección para la adjudicación de financiamiento, aunque así lo establece su propia normativa; ni que se hayan ejecutado capacitaciones para los investigadores.
La universidad no pudo demostrar que cuenta con personal responsable para todas las instancias que conforman el órgano de investigación, como es el caso de la Unidad de Investigación Formativa y Capacitación, o que cumplan con todos los requerimientos establecidos por la universidad. Además, desde el 2017-I hasta el 2019-I los docentes han incumplido los criterios establecidos en su propia normativa para ser considerados docentes investigadores en la universidad.
La universidad no demuestra la culminación de la mayoría de sus proyectos de investigación para el periodo 2017-2019. Además, los únicos proyectos culminados en este periodo no cumplen con criterios de integridad científica. Asimismo, para el 2019-I no tiene docentes vinculados a la investigación que se encuentren ejecutando proyectos para la universidad.
Si bien la universidad presenta una plana docente que cumple con los grados académicos mínimos requeridos, durante el proceso no pudo demostrar el vínculo laboral del 40% de sus docentes. Tampoco ha podido asegurar su disponibilidad y solo ha evidenciado que el 11.22% del total de sus docentes tiene un régimen de dedicación a tiempo completo. De otro lado, y de acuerdo a la información recogida durante la evaluación se evidenció que la Universidad no ha ejecutado procesos de ordinarización desde el 2008, ni promoción docente desde el 2012.
Fuente: Andina
