Según el último informe emitido por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, violó el derecho internacional durante las protestas que se desarrollaron en su contra.
La ONG internacional compartió un extenso y detallado texto donde asegura que fueron pacíficas la mayoría de las manifestaciones que se realizaron en contra de la administración de Boluarte Zegarra, luego que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.
Human Rights Watch reconoce que algunos de los que se movilizaron cometieron actos violentos; sin embargo, resalta que las fuerzas de seguridad peruanas respondieron ante ello haciendo uso de la fuerza desproporcionada.
«Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos de violencia. Las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluso disparando fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes», precisa el documento.
La organización internacional indica que hubo un total de 49 fallecidos, entre los cuales se encuentran 8 menores de edad, quienes perdieron la vida por las heridas sufridas en el periodo comprendido desde la referida fecha hasta febrero del 2023.
En tal sentido, aseguró que la mayoría de las mencionadas muertes pueden constituirse como ejecuciones arbitrarias de acuerdo al derecho internacional; sobre las cuales el Gobierno de Boluarte sería responsable.
«Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron a causa de las heridas sufridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La mayoría de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias según el derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable», detalla.
Asimismo, precisa que más de 1.300 ciudadanos, entre ellos centenares de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), resultaron heridos. También, menciona que un efectivo policial «murió en circunstancias poco claras».
El documento de la organización manifiesta que algunas investigaciones penales relacionadas a los presuntos abusos han tenido «graves deficiencias, incluyendo la omisión de recoger pruebas iniciales clave».
«Los fiscales deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, centrándose no sólo en los agentes que cometieron abusos, sino también en sus superiores y en las autoridades civiles ante las que responden», agrega.
De esta manera, se conoció que el informe de HRW concluyó que el Poder Ejecutivo cometió violaciones al derecho internacional durante las protestas desarrolladas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Fuente: Exitosa | Human Rights Watch
