El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), se mostró sorprendido e indignado, al enterarse de que los detenidos venezolanos en el búnker de Pachacamac han sido liberados.
«Existen los indicios razonables para la incriminación de esas personas. Hoy conozco y no entendería que esos prontuariados habrían sido puestos en libertad», manifestó la autoridad policial.
La molestia de Revoredo refleja la impotencia ante un trabajo de inteligencia que parece haber sido en vano.
Los intervenidos contaban con 15 días de detención preliminar, pero cumplido el plazo, ahora han vuelto a las calles, luego de que el Poder Judicial ordenara comparecencia restringida para siete de ellos.
Al parecer, los argumentos de la Fiscalía no habría logrado convencer al juez de otorgarle la prisión preventiva por nueve meses que estaban solicitando.
Bien lo advirtió el día de la captura, el comandante general de la Policía, el general Jorge Angulo: «Esperemos que no sea, como la vez pasada, que hubo una fuerte cantidad de ciudadanos extranjeros [intervenidos] y que después salieron en libertad. Esperemos que se vayan a la cárcel».
En la vivienda se encontró gran cantidad de marihuana, drogas, armas de fuego y hasta una granada de guerra. Al percatarse de la presencia policial, los involucrados abrieron fuego contra los agentes. Afortunadamente, ninguno resultó herido.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, se pronunció tras la decisión de investigar a la jueza que dispuso la liberación de los detenidos en el búnker en Pachacámac.
“Caso del bunker de Pachacamac. 28 detenidos en flagrante delito (drogas, armas de fuego, una granada, etc), todos extranjeros, sin arraigo. La Fiscalía liberó a 21 y pidió prisión preventiva contra 7, la Juez declaró infundado el pedido. Todos libres, ya prófugos seguramente. Conclusión, no es falta de leyes, es el miedo de las autoridades a estas organizaciones criminales. La policía hace su trabajo, pero fracasa el Ministerio Público y el Poder Judicial”, indicó el abogado constitucionalista Carlos Caro
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