En un hecho que ha generado conmoción en la región Piura, miembros de las rondas campesinas del caserío Hualcuy, en la provincia de Ayabaca, aplicaron un castigo físico al alcalde Darwin Quinde Rivera y a dos regidoras del municipio provincial tras acusarlos de incumplir obras comprometidas con la comunidad. La sanción consistió en doce latigazos por persona durante una asamblea pública que congregó a más de un centenar de comuneros.
El acto, que forma parte del sistema de justicia comunal reconocido por la Constitución en el artículo 149, se desarrolló luego de que los representantes municipales no ofrecieran explicaciones satisfactorias a los reclamos de la población. Los proyectos mencionados incluyeron canaletas, defensas ribereñas, puentes modulares y sistemas de aguas, cuya paralización puso en riesgo a las familias durante la temporada de lluvias.
Tras la sanción, el alcalde declaró que no tenía nada que reparar en su conciencia y atribuyó los errores “a personas que contraté y no cumplieron”. Pese a ello, presentó una denuncia policial por lesiones contra los ronderos que lideraron el castigo, acusándolos de actuar con motivación política y prepotencia.
La Municipalidad Provincial de Ayabaca, por su parte, publicó un comunicado en el que condenó el uso de la violencia en la sanción y pidió colaboración ciudadana para el esclarecimiento del episodio. Aseguró que su gestión reafirma el cumplimiento de los proyectos y mejorará la coordinación con las rondas campesinas para evitar que situaciones similares se repitan.
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Este incidente pone de relieve las tensiones entre las autoridades locales y las comunidades rurales en zonas donde los mecanismos de control social y justicia comunal tienen una presencia histórica. También invita al debate nacional sobre los límites de la justicia comunal, sobre todo cuando los sancionados son funcionarios electos, y acerca de la proporcionalidad y legalidad de los castigos físicos en esas instancias.
