El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que ha separado a 1,097 personas —944 docentes y 153 administrativos— que registraban condenas o estaban siendo procesadas judicialmente por delitos graves como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio y parricidio. Estas personas laboraban en 961 colegios públicos y 136 instituciones educativas privadas a nivel nacional.
La medida se implementó entre el 1 de abril de 2024 y el 15 de julio de 2025, en el marco de la Ley 29988, que establece sanciones para personal implicado en delitos graves. Del total de separados, 169 contaban con sentencia condenatoria y fueron apartados de forma definitiva, mientras que 928, con procesos judiciales en curso, fueron retirados de manera preventiva.
Según el informe del Minedu, 931 personas —807 docentes y 124 administrativos— tenían antecedentes por violación a la libertad sexual. Además, 82 fueron señaladas por delitos relacionados con terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas, y 20 por homicidio doloso. También se identificaron 12 docentes acusados de realizar proposiciones sexuales a menores mediante medios tecnológicos, dos procesados por feminicidio y un trabajador administrativo sentenciado por parricidio.
Como medida adicional, el Ministerio bloqueó en su sistema de administración de plazas a 2,472 docentes con investigaciones abiertas por delitos o faltas muy graves, para impedir su contratación en cualquier institución educativa del país. De ese total, 470 casos corresponden a la UGEL Condorcanqui.
“El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”, aseguró el ministro Morgan Quero. La cartera continúa ejecutando acciones para garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia en todos los niveles del sistema educativo.
