Melisa González Gagliuffi, la conductora que en octubre de 2019 causó la muerte de dos estudiantes de ingeniería al perder el control de su camioneta en la avenida Javier Prado, en San Isidro, ya no irá a la cárcel. El Poder Judicial (PJ) revocó la sentencia de seis años de prisión efectiva que se le había impuesto en junio de 2022 y la cambió por vigilancia electrónica.
La decisión judicial ha generado indignación y dolor entre los familiares de las víctimas, Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, quienes reclaman justicia y consideran que González Gagliuffi tiene influencias. Además, la mujer se encuentra en la clandestinidad desde que se dictó la condena en su contra y el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de S/30.000 por información sobre su paradero.
Según el fallo del PJ, González Gagliuffi fue hallada culpable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. También se le ordenó el pago de una reparación civil de S/200.000 a favor de los deudos. Sin embargo, el tribunal consideró que se podía sustituir la pena privativa de libertad por una medida restrictiva consistente en el uso de un dispositivo o grillete electrónico.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que el delito culposo se da cuando no hay intención de cometer el hecho ilícito, sino que se vulnera una norma de conducta, como conducir a excesiva velocidad o bajo los efectos del alcohol. En este caso, se aplicó el artículo 111 del Código Penal, que establece una pena no mayor de ocho años para el homicidio culposo.
Lamas Puccio señaló que la vigilancia electrónica es una medida alternativa a la prisión que busca evitar el hacinamiento carcelario y favorecer la reinserción social del sentenciado. Sin embargo, advirtió que esta medida debe cumplir con ciertos requisitos, como tener un domicilio fijo, no tener antecedentes penales y haber pagado la reparación civil.
El letrado indicó que si González Gagliuffi no cumple con estos requisitos o incumple las reglas impuestas por el juez, como salir de su domicilio sin autorización o intentar retirarse el dispositivo electrónico, podría revocarse la medida y ordenarse su captura e internamiento en un penal.
