La jueza Leny Zapata Andía, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, que dejó en libertad a 7 extranjeros de nacionalidad venezolana detenidos en el denominado búnker de Pachacamac, al sur de Lima, el pasado 21 de noviembre rompe en llanto y señala que no es una persona corrupta.
«Estoy aquí porque no quiero que se diga que soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios que me pagaron, que me dieron dinero? Estoy indignada porque esto ha causado perjuicio en mi honra, en mi honorabilidad y ha afectado a mi padre, a mis hijos y a mi familia entera», explicó llorando.
En relación con la información de que uno de los extranjeros liberados atacó a efectivos policiales, José Antonio Ríos Gil, la jueza argumenta que este no estaba en la lista de las siete personas sobre las cuales la Fiscalía pidió prisión preventiva tras la intervención en el búnker de Pachacamac.
«Es falsa esa información. No lo digo solo porque lo diga Leny Zapata Andía, sino porque en el requerimiento fiscal no figura el nombre de este señor. No, es falso. Yo nunca lo tuve dentro del requerimiento de prisión preventiva», explicó.
«¿Cómo puede decirse que es un delito de microcomercialización de drogas si no supera las cantidades?», cuestiona la magistrada. La jueza destaca que la Fiscalía no reportó el dictamen pericial que indicara la presencia de adherencias de droga en las manos de los siete detenidos o en sus prendas, un indicio importante que podría señalar si estos sujetos están dedicados al comercio de drogas al menudeo.
En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas, ella sostiene que la Fiscalía también cometió un error respecto al presupuesto de la prognosis de la pena, lo que impidió dictar prisión preventiva.
«El pedido de la Fiscalía señala que todos ellos carecen de antecedentes penales y son primarios. Con la modificación del artículo 268, la pena debe ser superior a 5 años de privación de libertad. Sin embargo, no se cumple este requisito», finaliza.
