El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtieron “que no es viable cambiar las reglas electorales” cuando un proceso está en marcha, como el actual de elecciones internas con miras al proceso regional y municipal.
En un comunicado, los organismos electorales indicaron que a pocos días de la realización de los comicios internos, el Congreso aprobó una ley que implica la modificación del cronograma del proceso interno «con el propósito de reabrir el plazo de presentación de lista de candidatos a dicho proceso».
Explicaron que a la fecha, la ONPE imprimió un 1 700 000 cédulas de sufragio y más de 5 000 padrones de electores afiliados, así como el resto del material electoral.
«Por su parte, el JNE viene realizando la fiscalización de los sistemas informáticos para las jornadas electorales así como la impresión del material electoral y el ensamblaje correspondiente. Encontrándose previsto el despliegue de material electoral el próximo 6 de mayo a escala nacional», señalaron.
En ese sentido, ambas entidades remarcaron «que no es viable el cambio de reglas electorales estando en curso el proceso electoral y mucho menos en el estado en el que se encuentra».
El JNE y la ONPE recordaron que el mismo Poder Legislativo, que aprobó la intangibilidad de las normas electorales, estableció disposiciones transitorias mediante Ley 31357, para el presente proceso de elecciones internas, «las cuales los organismos electorales ya se adecuaron».
“Un proceso electoral debe regirse por reglas previas y claramente establecidas”
Además, refirieron que ya se emitieron «los correspondientes reglamentos que fueron oportunamente publicados y comunicados a las organizaciones políticas». En este contexto, cuestionaron el hecho de que se pretende modificar el marco normativo, «no solo en los plazos sino también en las formas pese a que el proceso ya se encuentra en pleno desarrollo».
Por ello, manifestaron que un proceso electoral debe regirse, desde su inicio hasta el final, por reglas previas y claramente establecidas, así como por plazos precisos, «pues cada una de sus fases necesita ser culminada para dar paso a la siguiente».
«Las elecciones regionales y municipales fueron convocadas el 4 de enero de 2022, (…) dentro de un marco legal, que tal como ha ocurrido en anteriores elecciones, debía mantenerse intangible para garantizar la predictibilidad del proceso, la seguridad jurídica para los actores electorales y el trato equitativo para todas las organizaciones políticas participantes», aseguraron.
Asimismo, consideraron que estando a 12 días de las elecciones internas, cambiar los plazos para permitir la presentación de nuevas listas de candidatos en fecha posterior a la prevista, la modificación de las listas ya presentadas, la presentación de nuevos afiliados y la imprevista incorporación de unas elecciones complementarias, «afecta la intangibilidad de la normativa electoral, el principio de preclusión, equidad y la realización del proceso».
«Reiteramos que no es legítimo cambiar las reglas del proceso electoral en el estado que nos encontramos, tanto más que no se precisó en el proyecto el costo de la ejecución y tampoco se consideró la fuente de los recursos que se necesitarían para su implementación», sostienen.
«A ello se suma que en la tramitación y expedición de la ley no se ha cumplido con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República», agregaron.
