La Contraloría General detectó un perjuicio de S/ 241 mil en la instalación de agua potable en cuatro caseríos del distrito de Llata, Huánuco. La obra se ejecutó con deficiencias e incumpliendo las especificaciones técnicas, por lo que la población beneficiaria se ha visto perjudicada con el servicio, ya que en un caserío la obra no funciona desde el 2018, año en el que fue culminada y en el resto el servicio funciona parcialmente.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 015-2022-2-0400-AC, en el caserío de Buena Vista la instalación de agua potable no funciona y los pobladores se abastecen de manantiales (fuentes de agua natural). Las deficiencias encontradas en este caso son los dos sistemas de captación que presentan filtraciones de agua y no cuentan con el caudal para abastecer el reservorio, al no tener la presión de agua el sistema de cloración tampoco funciona debido al mal proceso constructivo del sistema de captación.
En los caseríos de Nuevo Oriente, Juturpaj y Huergosayog la obra de agua potable funciona parcialmente, los sistemas de captación y cloración presentan las mismas deficiencias que en Buena Vista, a este problema se suma que las tuberías para la línea de conducción fueron instaladas a 0.26, 0.51 y 0.61 metros de profundidad, cuando debía instalarse a 0.70 metros como señalaba los planos y especificaciones técnicas, lo que ocasionaría que las tuberías se rompan en épocas de lluvias o por el paso de animales.
Por otro lado, existe documentación poco creíble que sustente haber realizado pruebas o ensayos para verificar la calidad de los trabajos en la captación, reservorios y línea de conducción, así como pruebas hidráulicas. Correspondía al supervisor de obras elaborar un informe para la aplicación de penalidades, a pesar de ello la Municipalidad Provincial de Huamalíespagó todas las valorizaciones durante la ejecución de la obra. Posteriormente, el comité de recepción recibió la obra sin formular observaciones y en diciembre del 2018 la entidad aprobó la liquidación de la obra.
Estas deficiencias e incumplimientos a la obra generaron un perjuicio económico de S/ 241 832. Ante estos hechos, la Contraloría encontró responsabilidad civil en cuatro servidores públicos al haber aprobado y pagado trabajos deficientes que no cumplían con los planos y especificaciones técnicas. Además, no aplicaron penalidades, contraviniendo la Ley de Contrataciones de Estado.
Se recomendó a la Procuraduría Publica de la Contraloría a iniciar las acciones civiles contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares.
