Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, demanda al presidente de la República, Pedro Castillo, explicar la supuesta existencia de un despacho presidencial paralelo, tras un reportaje periodístico que evidenciaría reuniones fuera de Palacio de Gobierno.
Asimismo, le recordó el informe de la Contraloría, el cual indica que el mandatario y altas/os funcionarias/os tienen el deber legal de reunirse en sus despachos oficiales, haciendo pública su agenda, como lo dictan las normas de transparencia.
Indicó que dado que en las citas habrían participado el presidente, altos funcionarios y personas que habrían contratado con el Estado, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría deben actuar según sus atribuciones legales y constitucionales para esclarecer hechos.
Finalmente, el defensor del pueblo indicó que de confirmarse estos hechos, se demostraría un “total desapego” a las leyes vigentes y a los principios de transparencia que rigen la función pública.
Como se recuerda, Castillo Terrones, ministros, empresarios y congresistas oficialistas continúan asistiendo a la casa en Breña que el mandatario utilizó como base durante la campaña electoral y donde despachó en los primeros días de su gestión. Esto sin un reporte oficial sobre sus reuniones y visitas que recibía.
Un reportaje de Cuarto Poder mostró imágenes sobre los ingresos y salidas de la casa de Breña de diversos personajes entre octubre y noviembre, en medio de sospechosas medidas de seguridad.
La camioneta en la que suele trasladarse el jefe de Estado estuvo en la cochera de ese domicilio el pasado 20 de octubre, cuando llegaron dos sujetos a bordo de un vehículo a nombre de Empresa de Representaciones María de Jesús E.I.R.L. Uno de ellos se identificó como Carlos Ponce y rechazó haberse reunido con Castillo Terrones.
Además, el viernes 5 de noviembre, la misma camioneta asignada al despacho del presidente y otro vehículo a nombre de la empresa Mazavig S.A.C. arribaron al inmueble.
Según Cuarto Poder, el gerente de Mazavig S.A.C., Marco Antonio Villaverde, tiene en su contra una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Los registros de visitas a Palacio de Gobierno indican que Villaverde acudió cuatro veces a la Subsecretaría General de la Presidencia en los últimos meses.
