El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas Huamanga, se encuentra en el centro de una grave investigación por presunto lavado de activos y fraude, tras revelarse una serie de adquisiciones millonarias que habría realizado con fondos pertenecientes a su comunidad. Una de las maniobras más llamativas ocurrió apenas tres días después de que la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Abancay abriera una investigación preliminar: transfirió una lujosa vivienda en Cusco, valorizada en US$215,000, a una joven sin negocios registrados ni capacidad de pago demostrada.
La vivienda, ubicada en la ciudad del Cusco y adquirida por Vargas en diciembre pasado, fue vendida el 12 de abril a Fiorela Erika Pari Pinares, una joven de 22 años que no figura como titular de ninguna empresa en registros públicos ni SUNAT. Según el contrato notarial, el pago se realizó a través de cinco transferencias bancarias en un solo día: cuatro por US$50,000 y una última de US$15,000. La operación fue firmada por Vargas y su esposa, Adelma Paniura Vargas, ambos incluidos en la investigación fiscal.
El diario Perú21 consultó a la joven, quien no supo explicar el origen de los fondos ni su relación con el comunero. Al ser cuestionada, respondió: “No entiendo por qué me llaman a mí. Deberían hacer la nota con lo que tienen”. Una revisión del reporte financiero de Pari Pinares indica que su capacidad de pago mensual no supera los S/510, lo que genera fuertes sospechas sobre la legalidad de la operación.
La investigación se enfoca en el manejo irregular de US$19.8 millones que la minera Las Bambas entregó a Fuerabamba entre abril y mayo de 2024. Comuneros denunciaron que Edison Vargas depositó los fondos en cuentas personales y a plazo fijo, obteniendo intereses que jamás fueron distribuidos entre los miembros de la comunidad. Mientras cientos de familias esperaban su parte, Vargas habría realizado múltiples compras al contado, incluyendo cuatro vehículos por casi US$190,000.
Actualmente, Edison Vargas lidera un bloqueo en la zona de Manantiales (Cotabambas), con más de 50 días de paralización, bajo el pretexto de reclamar terrenos cuya existencia ha sido desmentida por documentos oficiales. El conflicto ha dejado 38 trabajadores heridos, vehículos quemados y viviendas afectadas. La propia población de Challhuahuacho ha protestado en contra del bloqueo, denunciando que un pequeño grupo de Fuerabamba está poniendo en riesgo la paz social y el desarrollo económico de toda la región.
Fuente: Perú21
