El reciente asilo diplomático otorgado por el gobierno de Brasil a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú condenada en primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos, ha desatado una fuerte ola de críticas en el Congreso brasileño. Los diputados Marcel van Hattem y Adriana Ventura, del partido opositor Novo, anunciaron que exigirán explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y que tomarán acciones para revertir lo que consideran una “decisión absurda”.
Van Hattem fue tajante al declarar que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para anular el asilo concedido a Heredia, al considerar que Brasil corre el riesgo de convertirse en un refugio para personas condenadas por corrupción. El parlamentario acusó al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de otorgar libertad a personas vinculadas a escándalos de corrupción en otros países, mientras —según él— se persigue a ciudadanos brasileños inocentes.
Ambos legisladores presentaron un Requerimiento de Información al canciller brasileño, Mauro Vieira, exigiendo detalles del proceso que llevó a conceder el asilo, incluyendo qué autoridades participaron, los fundamentos jurídicos empleados y si hubo alguna consulta con el Gobierno peruano. En el documento también solicitaron la sentencia judicial contra Heredia y un análisis de las posibles repercusiones diplomáticas de esta medida.
La diputada Adriana Ventura advirtió que el caso podría sentar un precedente grave para la lucha anticorrupción en América Latina. “Es inadmisible que se otorgue asilo a alguien vinculada a delitos cometidos por Odebrecht, justamente cuando se intenta combatir la impunidad en la región”, sostuvo.
Cuestionamientos al proceso y temor a daño diplomático
Entre las nueve preguntas planteadas en el Requerimiento de Información, los diputados pidieron conocer qué pruebas justificaron la supuesta urgencia de protección a la integridad de Heredia y si hubo análisis de impacto diplomático en la relación bilateral con Perú. También solicitaron saber si Brasil considera una eventual extradición en caso de que el fallo contra Heredia quede firme.
El senador Ciro Nogueira y otros políticos de oposición, como Carla Zambelli y Carlos Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro—, también criticaron el asilo, considerando que perjudica la imagen internacional del país. Zambelli denunció que se está «desprestigiando a Brasil», mientras que Bolsonaro compartió una publicación en redes sociales calificando la medida como “complicidad con el delito”.
Preocupación desde Transparencia Internacional
La ONG Transparencia Internacional – Brasil se sumó a las críticas y advirtió que la decisión del gobierno brasileño “debilita la lucha contra la impunidad en América Latina”. La organización recordó que Heredia y el expresidente Ollanta Humala fueron condenados por recibir aportes ilícitos de Odebrecht y del gobierno venezolano para sus campañas presidenciales.
La ONG también cuestionó el contexto legal interno en Brasil, recordando que los acuerdos de leniencia con Odebrecht fueron anulados, lo que tuvo como consecuencia la reversión de numerosas condenas por corrupción.
La defensa de Nadine Heredia responde
Por su parte, Marco Aurelio de Carvalho, abogado de Nadine Heredia en Brasil, defendió la legalidad del asilo y señaló que si hubiese habido irregularidades, el Perú no habría entregado el salvoconducto. Ese documento fue clave para que Heredia pudiera salir de la embajada brasileña en Lima y abordar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña rumbo a São Paulo, donde ya se encuentra residiendo.
Carvalho, amigo de uno de los hijos de Lula da Silva, aseguró que asumió la defensa de Heredia de manera gratuita por una «cuestión humanitaria», y reiteró su creencia en la inocencia de la ex primera dama y de su esposo, el expresidente Humala.
El polémico asilo sigue generando tensiones tanto en Brasil como en Perú, y podría convertirse en un foco de conflicto diplomático si finalmente se oficializa la sentencia contra Heredia y se solicita su extradición.
