En los últimos cinco años, los salarios en el sector público crecieron 37.3%, seis veces más que el incremento del gasto realizado por el Estado en inversión pública, que solo aumentó 6.4%, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
El IESS detalló en Gestión que el aumento de los sueldos en la administración pública se ha presentado en todos los niveles de Gobierno, y que esta situación estaría asociada a la incorporación de nuevas autoridades subnacionales que ingresan cada cuatro años, las cuales requieren un tiempo de aprendizaje para gestionar adecuadamente las finanzas públicas.
En los gobiernos regionales las remuneraciones se incrementaron en 56.7% entre 2015 y 2019; en el gobierno nacional fue de 27.6%; y en las municipalidades el crecimiento salarial fue de 15.3%.
Esta situación estaría asociada a la incorporación de nuevas autoridades subnacionales que ingresan cada cuatro años, las cuales requieren un tiempo de aprendizaje para gestionar adecuadamente las finanzas públicas, anotó el IEES.
También influye la alta rotación de funcionarios de primer nivel en los diversos ministerios y entidades gubernamentales; el retraso de algunos proyectos de inversión vinculados a posibles casos de corrupción; así como las complicaciones administrativas existentes para ejecutar obras públicas.
El presidente de la SNI, Ricardo Márquez, señaló que para impulsar la inversión pública es necesario hacer una reforma integral del Estado basada en tres ejes fundamentales.
Primero, contar con una carrera pública en la que prime la meritocracia; segundo, aumentar la productividad del funcionario público; y tercero, promover la competencia entre las instituciones estatales, para así incentivar un mejor desempeño.
El dirigente gremial explicó que para elevar la productividad del servidor público se debe agilizar la reforma del servicio civil, centrándose en las entidades de menor ejecución presupuestal del gasto de inversión y con mayores brechas sociales y de infraestructura.
Agregó que también es posible elevar la productividad en el funcionamiento del Estado reduciendo el número de procedimientos administrativos y eliminando los requisitos innecesarios, comenzando por aquellos procedimientos en sectores donde se evidencia menor ejecución del gasto público.
Además, recomendó que se fije un esquema de incentivos para las instituciones estatales, para que puedan competir por más presupuesto.
“Estas propuestas deben formar parte de una reforma integral del funcionamiento del Estado, que permitan mejorar la gestión de presupuesto público, incrementar tanto la calidad como la cantidad de la inversión pública para proveer servicios públicos adecuados”, apuntó Márquez
